Emergencia económica en Colombia: la Corte Constitucional suspende provisionalmente el Decreto 1390
En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional de Colombia decidió este 29 de enero de 2026 suspender de manera provisional el Decreto Legislativo 1390 de 2025, que había declarado una emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La medida cautelar se tomó con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, y detiene temporalmente los efectos de la norma mientras avanza un control constitucional más amplio sobre su validez de fondo.
Qué fue el Decreto 1390 y por qué estaba en vigencia
El Decreto Legislativo 1390, firmado el 22 de diciembre de 2025 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica y social por 30 días con el fin de enfrentar una delicada situación fiscal del país tras el hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso. Bajo esta declaratoria, el Ejecutivo obtuvo facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, incluyendo la imposición de nuevos impuestos o la modificación de los existentes, intentando recaudar cerca de 16,3 billones de pesos para equilibrar el presupuesto 2026.
La decisión de la Corte y su justificación
La Corte Constitucional argumentó que la suspensión provisional busca evitar daños irreparables que podrían surgir si el decreto continuara produciendo efectos mientras se define su constitucionalidad. Para ello, consideró que el Gobierno no demostró adecuadamente que existieran hechos nuevos, imprevistos y sobrevenidos, requisito que exige la Constitución para justificar un estado de excepción de esta naturaleza.
La medida no representa una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto, sino una cautelar preventiva. Así, mientras se profiere una decisión de fondo, el acto no puede seguir generando efectos jurídicos ni sustentar nuevas decisiones fiscales o regulatorias.
Impactos inmediatos: impuestos y programas en pausa
La suspensión del decreto también deja sin efecto temporal los impuestos y otras medidas que se habían implementado en el marco de la emergencia económica, lo que ha generado incertidumbre sobre su aplicación práctica, especialmente en materia fiscal y presupuestaria. Algunos sectores económicos celebraron la medida, al considerar que corrige un exceso de facultades otorgadas al Ejecutivo sin control legislativo, mientras que otros advierten sobre las consecuencias de frenar herramientas diseñadas para atender el déficit presupuestario.
Reacciones políticas y institucionales
El presidente Gustavo Petro criticó duramente la decisión judicial, calificándola como un obstáculo para enfrentar la situación fiscal y advirtiendo que “vendrán consecuencias” tanto económicas como sociales por la suspensión del decreto. Petro ha señalado que la medida fue interpretada por algunos sectores como una manera de proteger a los más ricos frente a la imposición de impuestos incluidos en la emergencia económica.
Por su parte, líderes de oposición, gremios empresariales y analistas constitucionales han valorado la determinación de la Corte como un paso importante para reforzar el control de los estados de excepción y preservar la separación de poderes, considerando que el decreto no cumplió con los requisitos estrictos que la Constitución exige para declarar una emergencia económica.
El camino por delante
La Corte Constitucional continuará con el análisis de fondo del Decreto 1390, lo que podría llevar semanas o meses, dependiendo de los tiempos jurídicos del tribunal. Cuando se emita el fallo definitivo, se conocerá si la emergencia económica fue constitucionalmente válida o si, por el contrario, se termina anulando de manera permanente. Hasta entonces, Colombia enfrenta un escenario de incertidumbre fiscal, donde las decisiones extraordinarias del Ejecutivo quedan en pausa y el debate jurídico, político y económico se intensifica en pleno año electoral.
