Bogotá, Colombia – El 2025 ha sido un año particularmente desafiante para la infraestructura vial colombiana, con un sinfín de emergencias que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del país y, lo que es más crítico, han generado un gasto millonario. Los constantes derrumbes, inundaciones y otros eventos asociados a las variaciones climáticas y la geografía del país han provocado cierres de vías, interrupciones en el transporte y cuantiosas inversiones para la rehabilitación y mitigación.
Según reportes recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Colombia ha respondido a 845 eventos de emergencia en lo que va de 2025, afectando a 27 de los 32 departamentos del país. Para gestionar estas catástrofes, que van desde deslizamientos de tierra y crecidas de ríos hasta fuertes vendavales, la UNGRD ha invertido cerca de 20 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses) solo en respuesta a desastres.
Sin embargo, esta cifra representa apenas una fracción de lo que realmente se necesita. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha advertido que 2.5 billones de pesos (cerca de 650 millones de dólares) en fondos para desastres permanecen congelados, de los cuales 2.1 billones corresponden a un congelamiento presupuestario más amplio del gobierno y 423 mil millones debían ser asignados a través de una subcuenta de variabilidad climática. Esta falta de liquidez ha dejado a la agencia operando con un presupuesto drásticamente reducido para la respuesta e inversión en mitigación.
Además de los recursos internos, Colombia ha buscado apoyo externo. En febrero de 2025, el Banco Mundial aprobó un proyecto de 200 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de Colombia en la gestión de riesgos de desastres naturales y emergencias de salud pública. Este financiamiento busca reducir la vulnerabilidad fiscal del país ante estos eventos y garantizar liquidez para asistir a la población afectada.
La situación es crítica y los expertos advierten que, con el empeoramiento de los patrones climáticos, los fondos actuales son lamentablemente insuficientes. La necesidad de liberar y aumentar los recursos destinados a la atención de emergencias viales y la infraestructura es más urgente que nunca para evitar un colapso en la conectividad del país y proteger a las comunidades vulnerables.
